ANMARQ desea trasladar a los poderes públicos, a los grupos parlamentarios y a la opinión pública una preocupación de máxima relevancia tras la aprobación en el Senado, el 9 de julio, de las enmiendas a la Ley para la Pasarela al RETA.
Aunque la reforma se ha presentado como una medida que «no deja a nadie atrás», la exclusión de los mutualistas jubilados denominados «pasivos» introduce una grave incoherencia que compromete la equidad, la sostenibilidad y la credibilidad de la norma. Consideramos imprescindible que esta cuestión sea revisada antes de la aprobación definitiva de la ley.
1. Una exclusión sin suficiente base económica.
Los argumentos económicos utilizados para vetar la incorporación de los mutualistas jubilados no se sostienen con los datos disponibles:
La entrada de los pasivos en el RETA implicaría la transferencia a la Seguridad Social de sus reservas matemáticas, estimadas, en base a datos ciertos de encuestas realizadas a profesionales de toda España, en más de 500 millones de euros. Durante los primeros años, esta aportación compensaría ampliamente el coste de las prestaciones.
La esperanza de vida hace que el coste futuro de un jubilado de 75 u 80 años sea significativamente menor que el de un activo que se jubila con 65 o 68. La exclusión, por tanto, no responde a criterios de sostenibilidad actuarial, sino a otros factores que no han sido explicados públicamente.
2. Un colectivo con mayor derecho histórico a la reforma.
Los mutualistas jubilados han sido quienes:
- Más tiempo han permanecido en el sistema de mutualidades alternativas,
- Han financiado las pensiones de generaciones anteriores bajo un sistema de reparto primero y de capitalización colectiva después, cuyas reglas fueron modificadas a mitad de su vida laboral y se han demostrado fallidas.
- Han soportado las quiebras técnicas, reestructuraciones y pérdidas patrimoniales de sus mutualidades.
- Han alertado al colectivo de las pensiones de miseria que estaban cobrando.
- Y han impulsado, con sus denuncias y activismo que esta reforma llegue al Parlamento.
Excluirlos supone ignorar el origen de la reivindicación y generar un agravio comparativo difícilmente justificable en términos de justicia social y de igualdad ante la ley.
3. Realidad socioeconómica diversa: no todos los pasivos son vulnerables.
El colectivo de mutualistas jubilados es heterogéneo. Muchos de ellos han aportado capitales muy importantes para sus pensiones, origen de sus reservas matemáticas (los fondos que sustentan esas pensiones en sus mutualidades) superiores a las de la media de los activos próximos a jubilarse, que no se reflejan en sus prestaciones de jubilación actuales. Aplicarles el mismo tratamiento que ya se aplica a los autónomos en el RETA permitiría reconocerles pensiones acordes a sus aportaciones reales y transferir esos fondos al Sistema Público, corrigiendo desigualdades que hoy persisten en las mutualidades.
4. Reconocer el complemento a mínimos a los jubilados vulnerables no justifica la exclusión.
Ciertamente parte de los jubilados mutualistas son pasivos vulnerables. Exactamente igual que ocurre con los activos. Pero si el Estado prevé conceder Complemento a Mínimos a los pasivos vulnerables, el coste será idéntico estén en una mutualidad o en el RETA. Este argumento, por tanto, no puede sostener un veto que afecta a miles de profesionales jubilados.
5. Necesidad de plantear la ley en base a la transparencia y el diálogo real.
ANMARQ ha manifestado reiteradamente:
- La falta de datos actuariales completos y verificables sobre fondos y situación de los mutualistas.
- La difusión de estimaciones de coste de implementación de la Pasarela no contrastadas.
- Y la ausencia de interlocución directa de los políticos responsables de esta ley con todos los colectivos afectados, para escuchar las distintas propuestas, algunas mucho más viables que otras.
6. Una reforma de esta magnitud exige transparencia, rigor y participación de todos los actores implicados.
Existen soluciones técnicas plenamente viables.
Si la preocupación del legislador para la exclusión de los mutualistas jubilados es el impacto financiero en las mutualidades por la transferencia de sus reservas matemáticas, existen mecanismos jurídicos y económicos de eficacia contrastada que permiten una transición ordenada:
- Cesiones de crédito de los mutualistas jubilados en favor de la Seguridad Social,
- Calendarios de transferencia de las reservas matemáticas de las mutualidades a la Seguridad Social que difieran el traspaso efectivo a varios años,
- Sistemas de aportación escalonada de los fondos de las mutualidades a la Seguridad Social, de forma análoga a como se pretende hacer con los mutualistas activos.
Ninguna de estas alternativas ha sido explorada públicamente, pese a ser compatibles con la estabilidad del sistema.
Conclusión
ANMARQ considera que la pasarela al RETA, tal y como se está planteando, es un avance significativo, pero no será una reforma justa ni completa mientras mantenga fuera a los mutualistas jubilados.
Instamos a los grupos parlamentarios y al Gobierno a reconsiderar esta exclusión antes de la aprobación definitiva de la ley, garantizando así una transición universal, equitativa y conforme a los principios constitucionales. Este es un momento decisivo para corregir una injusticia histórica y evitar un conflicto jurídico y social que podría haberse resuelto mediante diálogo y soluciones técnicas perfectamente asumibles.
10 de julio de 2026
La Junta Directiva de ANMARQ
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