11.03.2019

Nota de la Agencia Tributaria sobre interposición de Sociedades por Personas Físicas

Estimado Colegiado:

Por su interés adjuntamos a la presente circular una nota emitida por la Agencia Tributaria en cuya virtud intenta aclarar los criterios que se siguen en los casos de interposición de sociedades mercantiles por personas físicas, derivados de las actuaciones de comprobación realizadas por la Administración Tributaria y que, con relativa frecuencia, han sido noticia en los medios de comunicación al afectar a personas con proyección pública.

Aunque la estructura está permitida en el ordenamiento jurídico español, la Agencia Tributaria argumenta cómo el uso indebido puede acarrear regularizaciones y sanciones siempre que no se cumplan una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración en estos casos. En la nota que adjuntamos, la Agencia Tributaria se centra en dos clases de riesgos, por un lado toca la interposición por parte del contribuyente de sociedades para el desarrollo de sus actividades profesionales; y por otro, analiza aquellas cuestiones referidas a la localización de parte del patrimonio del individuo en la sociedades de su titularidad.

En la confianza de que esta nota sea aclaratoria del criterio que actualmente está siguiendo la AEAT en este tipo de cuestiones y sirva de ayuda la adjuntamos al esta circular.

Recibe un cordial saludo

Esteban Ramos Pérez
Asesor Fiscal

Nota de la Agencia Tributaria

Agencia Tributaria

Nota de la Agencia Tributaria sobre interposición de Sociedades por Personas Físicas

I.- Introducción

La Administración tributaria, a través de sus sucesivos Planes Anuales de Control Tributario, ha puesto tradicionalmente un especial interés en controlar los riesgos fiscales relacionados con la interposición de sociedades en el proceso de facturación o canalización de rentas de personas físicas como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional, así como los riesgos derivados de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.

La experiencia en este tipo de control, sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los riesgos fiscales mencionados.

La presente Nota tiene como principal cometido poner a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda servirá para reducir la litigiosidad, y advertir de aquellas conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptibles de regularización.

No se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión. Pero eso no significa que la Administración tributaria deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones de prestación de servicios realizadas por una persona física a través de una sociedad profesional, ni asumir necesariamente que en toda operación realizada a través de una sociedad profesional ha de admitirse que la intervención de la sociedad es real, ni tampoco admitir la valoración de las prestaciones cuando estas no respondan a un verdadero valor de mercado.

Ahora bien, una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, como no puede ser de otra manera, esta va a estar condicionada irremediablemente por la verdadera naturaleza de la actividad realizada.

Lo mismo puede afirmarse de los riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias cuando se traduce en la atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad.

II.- Riesgos asociados a la interposición de Sociedades en el desarrollo de Actividades Profesionales

Dentro de las diferentes opciones que la ley prevé para la prestación de servicios profesionales, la persona física puede hacerlo bien en su propio nombre, como tal persona física, bien mediante la constitución de una sociedad profesional a la que prestará sus servicios. Ambas formas de organizar la prestación de servicios profesionales son a priori legales, sin perjuicio de que las rentas que se obtengan por los contribuyentes deberán someterse a tributación atendiendo a la opción escogida en cada caso, puesto que las consecuencias fiscales de una u otra son diferentes.

Pero el hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades en lugar del IRPF, remansamiento de rentas, etc.). En palabras del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (rec. 1496/2012), sentencia confirmada por STS de 4 octubre de 2016 (rec. 2402/2015): cierto que el ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única finalidad de reducir la imposición directa del profesional”.

Por ello, en el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones cobra especial importancia el examen de las circunstancias concretas de cada expediente con el objeto de poder determinar:

  • Si los medios materiales y humanos a través de los que se prestan los servicios (o realizan las operaciones objeto de comprobación) son de titularidad de la persona física o de la persona jurídica.
  • En caso de que tanto la persona física como la jurídica tengan medios materiales y humanos mediante los que poder prestar los servicios (o realizar operaciones), si la intervención de la sociedad en la realización de las operaciones es real.

En el supuesto de que la sociedad carezca de estructura para realizar la actividad profesional que se aparenta realizar, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados para la prestación de servicios de esta naturaleza, o bien teniéndola no hubiera intervenido realmente en la realización de las operaciones, nos encontraríamos ante la mera interposición formal de una sociedad en unas relaciones comerciales o profesionales en las que no habría participado en absoluto, especialmente teniendo en cuenta el carácter personalísimo de la actividad desarrollada.

En estos supuestos de ausencia de medios materiales o no empleo de los mismos en la actividad profesional, la respuesta dada por la Administración tributaria ha consistido en ocasiones en la regularización acudiendo a la figura de la simulación definida en el artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Sin embargo, en el caso de que efectivamente se concluya que la entidad dispone de medios personales y materiales adecuados y que ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios, el análisis de la correcta tributación de este tipo de operaciones debe ir dirigido a determinar si dichas prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS). Cuando la Administración tributaria detecte la incorrecta valoración, la reacción consistirá en la regularización y, en su caso, sanción de aquellos supuestos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal en alguna de las partes vinculadas derivada de una incorrecta valoración de las operaciones.

III.- Riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias

En otras ocasiones los contribuyentes tratan de localizar una parte relevante de su patrimonio en sociedades de su titularidad. La tenencia por parte del socio de bienes o derechos a través de una sociedad no es a priori una cuestión que de por sí sea susceptible de regularización, siempre que la titularidad y el uso de dicho patrimonio se encuentre amparado en su correspondiente título jurídico y se haya tributado conforme a la verdadera naturaleza de dichas operaciones. No obstante, la experiencia ha permitido perfilar un conjunto de riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias que en ocasiones se manifiesta en una cierta confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad.

La atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad suele abarcar tanto la puesta a disposición de aquel de diversos bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda (vivienda habitual y viviendas secundarias) y los medios de transporte (coches, yates, aeronaves, etc.), sin estar amparada en ningún contrato de arrendamiento o cesión de uso; como la satisfacción de determinados gastos entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes (mantenimiento y reparaciones) y otros gastos personales del socio (viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etc.).

En ambos supuestos nos encontramos con conductas contrarias a la norma que se deben evitar y que, normalmente, se concretan en no registrar ningún tipo de renta en sede de la persona física (aunque el coste de aspectos privados de su vida es asumido por la sociedad). Por su parte, en la sociedad el único registro respecto de estas partidas suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatarios a un particular fuera de una actividad económica, nunca habrían podido deducirse.

En otras ocasiones la utilización por el socio de un bien de la sociedad (generalmente una casa, un vehículo, una embarcación o una aeronave) se ampara jurídicamente en la existencia de un contrato de arrendamiento o cesión de uso. En estos supuestos, a efectos de delimitar las posibles contingencias fiscales, resulta determinante el análisis de los contratos formalizados, para resolver si existiendo un contrato, la valoración de la cesión es correcta conforme al artículo 18 de la LIS.

Especial referencia se debe hacer de conductas más graves que se han detectado en las que se aparentan contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, incluso en ocasiones pretendidamente acompañadas de una prestación de servicios propios de la industria hotelera, para intentar amparar la deducción de las cuotas de IVA, lo que ha llevado en determinados casos a considerar la existencia de contratos simulados. O aquellos otros en los que, junto con los riesgos ya apuntados en la primera parte del documento, se trate de compensar en sede de la sociedad interpuesta los ingresos con partidas de gasto, como los antes mencionados, no afectos en modo alguno al ejercicio de la actividad profesional por parte del obligado tributario y que se corresponden con gastos o inversiones propias de su esfera particular.

En definitiva, todas estas conductas podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.

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08.03.2019

Primer trimestre de 2019

Trimestre 1

El 1 de abril se abre el plazo para presentar la declaración de autoliquidación del pago fraccionado y retenciones a cuenta del IRPF y liquidación del IGIC correspondiente al primer trimestre de 2019.

Plazo de prestación del servicio de asesoría: 10 de abril de 2019

Más información:

Asesoría fiscal
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria
C/ Luis Doreste Silva, 3 Planta 1ª
35004 Las Palmas de Gran Canaria
T. (+34) 928 248 844
F. (+34) 928 248 161
E. afiscal@arquitectosgrancanaria.es

D. Esteban Ramos (ext. 22)
Dña. Margarita de León (ext. 23)
D. Sergio Hernández (ext. 24)

Información detallada:

Estimado Compañero:

Como cada año en estas fechas, te recuerdo que el día 1 de abril se abre el plazo para presentar la declaración autoliquidación de Pago Fraccionado y Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin olvidar el ingreso de la retención correspondiente al alquiler de bienes inmuebles urbanos referido al primer trimestre de 2019. Asimismo, se inicia el plazo para la liquidación del primer trimestre de 2019 del IGIC,declaración que, como ya te hemos adelantado en anteriores circulares, habrán de presentar todos aquellos que no hayan comunicado su inclusión en el régimen especial de pequeños empresarios y profesionales.

Podrás remitir, si así lo deseas, la información correspondiente al trimestre, así como cualquier otra cuestión que estimes conveniente relacionada con la Asesoría Fiscal a las siguientes direcciones:

afiscal@arquitectosgrancanaria.es
afiscal1@arquitectosgrancanaria.es
afiscal2@arquitectosgrancanaria.es

Dado que la Semana Santa coincide en pleno final de liquidación del trimestre, 18 y 19 de abril son Jueves y Viernes Santo respectivamente, rogamos que la información que seguidamente vamos a solicitar se remita antes del dia 10 de Abril con objeto de poder tramitar la documentación con tiempo y en plazo, por tanto si deseas efectuar las liquidaciones a través de este Colegio, deberás aportar, no más tarde del dia 10 de abril, los siguientes datos (referidos al período impositivo: 1 enero a 31 de marzo):

  • Importe de los honorarios íntegros percibidos
  • Importe de los gastos producidos
  • Retenciones que, como profesional, te hubiesen practicado.
  • Pagos efectuados a colaboradores con expresion de sus datos identificativos.
  • Salarios abonados.
  • Importe de las rentas de alquiler abonadas.

En cuanto a los efectos del IGIC deberás aportar los datos relativos al impuesto repercutido y al soportado, debiendo estar referidos al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 del mes de marzo. Lo mismo cabe decir de los datos de quienes tienes que liquidar el IVA.

Sociedades:

También las sociedades estarán obligadas a la presentación de aquellas autoliquidaciones a que se ha hecho mención anteriormente, (excepto en lo relativo al modelo 130) debiendo, en cualquier caso, aportar la documentación a los efectos de la cumplimentación de las obligaciones indicadas en la misma fecha antes referida, es decir, 10 del mes de abril.

Recibe un cordial saludo

Esteban Ramos Pérez
Asesor Fiscal

Información relacionada:

Gastos deducibles

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31.01.2019

Declaración anual de operaciones superiores a 3.005,06 €

Declaraciones anuales

Declaración anual de operaciones superiores a 3.005,06 €

Plazo de aportación de información a la Asesoría Fiscal: 15 de febrero de 2019

Más información:

Asesoría fiscal
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria
C/ Luis Doreste Silva, 3 Planta 1ª
35004 Las Palmas de Gran Canaria
T. (+34) 928 248 844
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E. afiscal@arquitectosgrancanaria.es

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Dña. Margarita de León (ext. 23)
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Información detallada:

Estimado Colegiado:

Este año la declaración anual de operaciones superiores a 3.005,06 €, habrá de presentarse antes del 28 de febrero. Los modelos a presentar son el 347 Agencia Tributaria y 415 Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo. Por tanto, todos aquellos que se encuentren en la obligación de hacer dicha declaración y deseen hacerlo a través del servicio colegial deberán presentar los datos que se detallan más adelante antes del día 15 de febrero.

Los obligados a presentar esta declaración deberán relacionar en la misma a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones (se entiende por operaciones tanto las ventas y prestaciones de servicios como las compras de bienes o servicios, incluyéndose las que sean habituales u ocasionales) que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 € durante el año 2016. Quedan excluidos del deber de declaración los arrendamientos de bienes exentos del IVA o IGIC, como, por ejemplo, los arrendamientos de viviendas, no así los de locales de negocio. Es importante que indiques cuáles han tenido retención de IRPF y cuáles no, la razón es que los primeros no se incluyen en la declaración a presentar en la Agencia Tributaria, es decir, el modelo 347.

En particular las siguientes operaciones se deben expresar de forma separada en la declaración

Los arrendamientos de locales de negocios que en su caso no estén sujetos a retención. El arrendador debe consignar el nombre y los apellidos, denominación social completa, NIF de los arrendatarios, y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.

Los datos requeridos para confeccionar la declaración de referencia son:

  1. Nombre y apellidos o razón social.
  2. Número de identificación fiscal de cada persona o entidad relacionada.
  3. Importe total e individualizado de las operaciones realizadas con cada persona o entidad desglosado por trimestre correspondientes al ejercicio 2017.
  4. Dicho importe, cuando se trata de operaciones sujetas y no exentas en el IVA o en su caso en el IGIC, comprende el importe total de la contraprestación más la cuota repercutida o soportada por dichos tributos.
  5. Municipio, correspondiente al domicilio de la persona relacionada.

Quiero aprovechar la oportunidad para indicarte la importancia que tiene el que remitas todos los datos que se piden, puesto que la inexactitud u omisión de alguno de ellos constituyen infracción tributaria simple, al igual que la falta de presentación de la indicada declaración que podría ser sancionada, así como acarrear la expedición de certificados negativos por parte de la Admon. Tributaria a los efectos de concursos.

Recibe un cordial saludo

Esteban Ramos Pérez
Asesor Fiscal

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16.01.2019

Exención en el IGIC y deber de presentar el modelo 425

IGIC

Estimado Colegiado:

Como sabes, en el ejercicio 2018 entró en vigor, nuevamente, la exención por franquicia fiscal en el IGIC, consistente en que aquellos profesionales y empresarios, personas físicas, que durante el ejercicio inmediato anterior hayan tenido un volumen de operaciones inferior a 30.000,00 €, a lo largo del ejercicio siguiente estarían exentos de la obligación de repercutir el IGIC. Para el presente ejercicio, el límite sigue siendo el mismo. Efectivamente en el punto diecinueve de la Disposición Final Séptima de la Ley 7/2018 por la que se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se recoge una modificación del párrafo 3º del apartado 1º del artículo 109 de la Ley 4/2012 en la que se incluía la exención por franquicia fiscal, pero esa modificación no afecta al importe del límite de la referida franquicia fiscal.

Por lo tanto, si durante el ejercicio anterior estabas en la obligación de repercutir el IGIC y no has tenido un volumen de operaciones superior a la indicada cifra de 30.000,00 € y deseas acogerte a la exención, deberás comunicarlo a la Agencia Tributaria Canaria a través del modelo 400. Aquellos colegiados que estando suscritos al servicio completo de la asesoría fiscal deseen hacerlo a través de la misma, deberán indicarlo a esta asesoría antes del día 25 de enero.

Asimismo, en la Ley 7/2018 de presupuestos se añade una disposición transitoria, la undécima, que establece una Inclusión excepcional en el régimen especial del pequeño empresario o profesional que implica la exención en el IGIC. Dicha disposición establece que excepcionalmente durante el mes de enero de 2019, los empresarios o profesionales que hayan renunciado tácitamente al régimen especial del pequeño empresario o profesional, en los términos expresados en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 109 de la presente ley, podrán comunicar a la Agencia Tributaria Canaria, a través de la correspondiente declaración censal (Modelo 400), la inclusión en el citado régimen especial. La presentación extemporánea de dicha declaración censal no surtirá efecto alguno.

En consecuencia, quien encontrándose exento del IGIC durante el ejercicio anterior (2018) haya renunciado tácitamente a la exención en dicho ejercicio (por presentar los modelos 420) podrán solicitar su inclusión, para el presente ejercicio 2019, en el régimen especial y, por tanto, estar exento siempre y cuando se presente el modelo 400 pidiendo la inclusión durante el mes de enero.

En este caso, también aquellos colegiados que estando suscritos al servicio completo de la asesoría fiscal deseen hacerlo a través de la misma, deberán indicarlo a esta asesoría antes del día 25 de enero.

Finalmente indicarte que la Agencia Tributaria Canaria ha establecido que los profesionales y empresarios que están exentos de IGIC deberán, no obstante, presentar el modelo 425 de resumen anual, modelo que habrá de presentarse durante el mes de enero, debiendo facilitar los datos correspondientes al mismo consistentes en señalar el volumen de operaciones que hayas tenido en el ejercicio 2018. Aquellos colegiados que, estando suscritos al servicio completo de la asesoría fiscal, quieran realizarlo a través de la misma, deberán indicarlo a esta asesoría antes del día 25 de enero.

Recibe un cordial saludo

Esteban Ramos Pérez
Asesor Fiscal

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